Ni Una Agostina Menos

MARIANA CARBAJAL

Periodista

Agostina Vega tenía 14 años. La misma edad que Chiara Páez cuando fue asesinada en Rufino, Santa Fe, en mayo de 2015 a manos de su novio. El femicidio de Chiara fue la chispa que terminó de encender una de las movilizaciones más importantes de la historia argentina: Ni Una Menos.

Once años después, otra adolescente de 14 años aparece asesinada. Otra vez una familia desesperada. Otra vez una búsqueda contrarreloj. Otra vez una comunidad conmocionada. Otra vez preguntas que llegan demasiado tarde.

La historia de Agostina obliga a mirar más allá del horror de su femicidio. Obliga a preguntarse qué pasó durante las horas decisivas de su desaparición. Qué hizo la Justicia. Qué hicieron las fuerzas de seguridad. Qué mecanismos se activaron. Y cuáles no.

La madre denunció su desaparición el domingo por la mañana. Agostina no había vuelto a su casa el día anterior a la noche. Existían datos concretos que daban cuenta de que había ido a la casa de Claudio Barrelier, un hombre adulto que hoy está detenido e imputado por el femicidio (al que ella conocía a través de su mamá). 

Barrelier tiene una causa abierta por privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una joven. El caso es de mayo de 2025 y está radicado en la fiscalía cordobesa a cargo de Iván Rodríguez. Barrelier llegó a estar preso alrededor de 20 días en la Cárcel de Bouwer hasta que quedó en libertad, según informa La Voz del Interior. Sigue imputado. ¿Tenía que estar preso?

El fiscal Garzón a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina felicita a los perros –que encuentran sus restos en un descampado–, pero no inicia la investigación como indican los protocolos en estos casos con la hipótesis de que se trata de un femicidio –para descartarla siempre hay tiempo–. ¿Mala praxis judicial? ¿Falta de capacitación?

El Alerta Sofía recién se activó varios días después. Tal vez no habría cambiado el desenlace. Tal vez Agostina ya había sido asesinada cuando comenzó la búsqueda formal. Pero esa no es la cuestión central.

La pregunta es otra: ¿por qué seguimos llegando tarde?

Porque el problema no empieza cuando aparece un cuerpo. Empieza antes: cuando una adolescente desaparece. Empieza cuando las señales de riesgo no son advertidas, cuando las instituciones no reaccionan con la velocidad que exige una emergencia.

Los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema son contundentes. Desde la primera marcha de Ni Una Menos hasta hoy se registraron 2.633 víctimas directas de femicidio. Una mujer asesinada por razones de género cada 37 horas. 

No estamos frente a hechos excepcionales. Estamos frente a una tragedia sistemática, un problema estructural que ocurre mientras el Gobierno de Javier Milei desmantela las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género. Cerró el Ministerio de las Mujeres, eliminó programas, redujo equipos especializados, desfinanció acciones de prevención y asistencia. Despreció sistemáticamente el problema con discursos que presentan las políticas de género como un gasto innecesario o una supuesta imposición ideológica.

El mensaje político importa. Cuando el Estado se retira, cuando abandona la prevención, cuando deslegitima la violencia machista como problema público, no está siendo neutral. Está dejando a miles de mujeres, adolescentes y niñas con menos herramientas de protección. Y al mismo tiempo, al negar el problema estructural, está guiñandole el ojo a los violentos. 

La violencia de género demanda respuestas integrales. Negarla es la peor política. 

Los propios datos oficiales muestran que la amplia mayoría de los femicidios son cometidos por personas conocidas por las víctimas. El 83% conocía a su agresor. El 70% tenía vínculos de pareja, expareja o familiares. El 78% fue asesinada en una vivienda. Es decir: los femicidios ocurren precisamente allí donde se necesitan prevención, detección temprana, acompañamiento y redes de cuidado.

Como advirtió el viernes en un hilo de la red social X la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la UFEM del Ministerio Público Fiscal de la Nación, «esto implica que la política pública de prevención no puede ser igual a la de otro tipo de fenómenos delictivos, en los cuales la presencia policial en calle puede ser disuasiva».

Pero sabemos que incluso con denuncia, en casos muy graves, muchas veces la Justicia minimiza el riesgo. Y al mismo tiempo, hay senadoras, como Carolina Losada (UCR), en línea con el oficialismo, que cree que el problema no son los machos violentos –como Barrelier–, sino una supuesta avalancha de falsas denuncias que inventó para garantizarles impunidad. 

Agostina tenía 14 años. Chiara Páez también. Entre una y otra transcurrieron once años de luchas feministas, leyes, movilizaciones y también retrocesos. Por eso, en un nuevo aniversario de Ni Una Menos, la pregunta sigue siendo tan urgente como entonces.

No solamente quién mató a Agostina, si tuvo cómplices y si el Estado –la Justicia, las fuerzas de seguridad, el poder político– fue ineficiente y llegó tarde.

También qué estamos haciendo como sociedad y que está haciendo el Estado –la Justicia, las fuerzas de seguridad, el poder político– para que las adolescentes sigan desapareciendo y apareciendo asesinadas.

¿Cuánto más retroceso institucional estamos dispuestos a tolerar antes de asumir que la violencia machista sigue siendo una emergencia democrática?

Publicado en Revista ACCIÓN