Deuda Externa, FMI y Derechos Humanos

DAMIÁN RAVENNA (*)

Argentina es el país que más dinero le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo le ha vuelto a pedir dinero al fondo, es de resaltarse, con el acuerdo de un amplio abanico de partidos políticos del régimen capitalista, como un sector de la Unión Cívica Radical, el Pro y el peronismo.

En este sentido es que debemos analizar que el acuerdo de los partidos del régimen capitalista, en cuanto al rumbo general llevado a cabo por el Gobierno Nacional tanto económico como social y político, es fruto del acuerdo dentro de las clases dominantes para consolidar un avance del capital sobre el trabajo que afecta derechos humanos elementales.

La institucionalidad del país, además de estar condicionado por el acuerdo con el FMI, es asimismo fruto de un consenso de Estado por parte de las clases dominantes que se mueve en dos registros claros, el económico-social que precariza la vida del proletariado extenso, y el ideológico-político que a través de procedimientos legales y culturales refuerza el programa llevado a cabo por la dictadura de reconfiguración de la sociedad a registros más conservadores y reaccionarios, individualización del ser social, cercenamiento de derechos sociales básicos, desigualdad social creciente.

Siendo el país que más le debe dinero al FMI, es que entonces debemos pensar por qué volvemos a pedir dinero que se suma a nuestra deuda externa. Pues es sencillo, la estrategia del gobierno de la Libertad Avanza para manejar la inflación consta de tener un dólar barato, al mismo tiempo se dejó de emitir pesos y se realizo un enorme ajuste del gasto público (sin mediar para ello ninguna consideración sobre las implicancias que este modelo económico-social de ajuste tiene sobre los derechos humanos y su vulneración) por el dólar barato aumentan las importaciones y bajan las exportaciones, lo que deja sin reservas al Banco Central. En resumen, el pedido de dinero al FMI en un año electoral, es para salvar al gobierno que, sin ese dinero, su estrategia económica se derrumbaría.

Ahora bien, explicado así, brevemente, el por qué se pide nueva deuda, vayamos a ver qué dicen los derechos humanos respecto a la relación entre deuda externa y las violaciones a los derechos humanos. En la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) número 20/10 que posteriormente creo el departamento de expertos independientes de título: Consecuencias de la Deuda Externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales nos dice:

“Reafirma que el ejercicio de los derechos fundamentales de la población de los países deudores a la alimentación, la vivienda, el vestido, el empleo, la educación, los servicios de salud y un medio ambiente saludable no puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural, programas de crecimiento y reformas económicas adoptadas de resultas de la deuda;”

Es decir, de manera sencilla la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo que nos dice, que las políticas de ajuste estructural como las que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei, no deberían subordinar los derechos humanos elementales de la población, a que los números de la macro economía cierren o sean buenos.

En este mismo sentido la Experta Independiente (ONU) sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, Attiya Waris en su informe “Legitimidad fiscal por medio de los derechos humanos: un enfoque basado en principios aplicado a la recaudación y asignación de recursos financieros para hacer efectivos los derechos humanos” en su artículo 7 nos dice:

“Todavía no existe una definición clara de legitimidad fiscal, pero precisa un sistema tributario que responda a los principios de buena gobernanza, a saber: transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Aplicado en el contexto de las cuentas públicas, el concepto de legitimidad fiscal determina qué constituye una toma de decisiones válida y lógica con respecto al financiamiento, la asignación de recursos y el gasto por parte del sector público. Cuando se sitúa en el contexto del Estado fiscal, la legitimidad fiscal refleja la aceptación por parte de la sociedad de las decisiones del Estado relativas a la recaudación de recursos de la sociedad y al gasto de dichos recursos. No obstante, en los Estados contemporáneos, la legitimidad fiscal debe basarse en la asunción de obligaciones recíprocas por parte de los individuos y sus instituciones colectivas (en primer lugar, el Estado), y en el acuerdo de que dichas instituciones utilicen su autoridad, también en el plano fiscal, para atender las necesidades y los objetivos de las personas, que no pueden pasar por alto la realización de todos los derechos humanos.’’

Las dimensiones individuales y colectivas de los derechos humanos, en este sentido deben ser observadas y analizadas desde el prisma de lo comunitario, asumiendo con ello que la dignidad humana es la fuente de todos los derechos humanos las instituciones colectivas y la autoridad; entonces, deben estar mediadas por mecanismos participativos que hagan que la buena gobernanza no dependa de la toma de decisiones de gobiernos cuyos programas económicos y políticos surjan desde las clases dominantes para atentar contra los derechos de los subalternos.

El ajuste propuesto por el gobierno nacional conlleva una fuerte violencia social por parte del Estado, con represión a los jubilados y despidos de trabajadores estatales, asimismo la afectación a los recursos que el pago de la deuda externa implica, nos muestran un panorama que sólo puede ser comprendido como un ataque del capital sobre el trabajo para el relanzamiento de sus formas de acumulación y ganancia.

En suma, debemos tener en claro que la planificación económica del gobierno nacional significa un programa de abierta violación a los derechos humanos de la población, esquema programático que restringe la libertad de expresión, de reunión y a manifestarse para sostener e imponer la violación a los derechos económicos, sociales y culturales de las clases subalternas.

(*) PRESIDENTE APDH ZONA NORTE – BUENOS AIRES – Publicado por HUELLA DEL SUR