El acto frente a la AMIA a 29 años del atentado

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, afirmó que «la herida se agranda cada día y se profundiza con cada día sin justicia», durante el acto en el que esta mañana se renovó el pedido de justicia al cumplirse 29 años del atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, que provocó 85 muertos y más de 300 heridos.

«La herida se agranda cada día y se profundiza con cada día sin justicia. ¿Cuánto tiempo más se puede soportar la impunidad?», se preguntó Linetzky en el acto que se realizó frente a la sede reconstruida de la calle Pasteur, en el que se refirió a la «vergonzosa impunidad» que rodea el hecho «sin un solo responsable», lo que causa una «sensación de impotencia y desamparo».

El acto comenzó a las 9.30 bajo el lema «Justicia ausente. Digamos presente» y, como todos los años desde el ataque terrorista, a las 9.53, hora hora exacta en que se produjo la voladura del edificio de la mutual judía de Pasteur 633, se hizo sonar una sirena.

En su discurso, el titular de la AMIA denunció que «el juzgado a cargo de una de las causas más grandes de la Argentina continúa vacante» 

«Nuestra democracia tiene grandes deudas con la sociedad y la impunidad en la Causa AMIA es sin duda una de ellas. La democracia se eclipsa con 29 años de vergonzosa impunidad, sin un solo responsable por el asesinato de 85 personas», sostuvo Linetzky.

A 29 años del atentado a la AMIA: las pocas novedades de una causa estancada

En los últimos meses solo se avanzó con el pedido de captura de cuatro libaneses sospechosos de vínculos con Hezbollah, mientras que todavía está pendiente la confirmación de la absolución de Carlos Telledín

La causa que investiga el atentado a la AMIA de 1994 se encuentra estancada desde hace años, con unas pocas novedades como la expectativa por la confirmación de la absolución de Carlos Telledín y la orden de captura emitida contra cuatro ciudadanos libaneses, mientras el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de justicia y la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares.

«Es la impunidad en la máxima potencia. No se ha podido conseguir una sola prueba judiciable para determinar algún responsable. Los juicios solo han arrojado condenas para el juez, fiscales y algunos más que tenían el deber de investigar», aseguró al respecto Sergio Burstein, referente del grupo Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA 18-J.

El reconocimiento oficial por la falta de justicia en el atentado a la AMIA

En octubre de 2022, el Estado argentino reconoció nuevamente su responsabilidad «por la violación al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación» de las víctimas del atentado contra la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En una sesión que tuvo lugar en Uruguay, la representante argentina Natalia D´Alessandro admitió que «el Estado argentino no tomó las medidas adecuadas de protección de las víctimas a pesar de la situación de riesgo general de la comunidad judía en Buenos Aires».

La admisión de la responsabilidad se produjo en el marco de una demanda internacional presentada por Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

«Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al Gobierno», admitió el Estado argentino.

Tras ese reconocimiento, el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, dispuso la creación «en el ámbito de la Unidad Fiscal AMIA, de un área específica de análisis de la totalidad del acervo documental de inteligencia desclasificado, con la invitación a las víctimas constituidas en querellantes para que participen de los procesos evaluatorios».

Casal designó al frente de esa área al fiscal Pablo Ouviña, actual titular de la «Unidad de Asistencia en causas por violación a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gran parte de esa documentación fue hallada en un sótano inundado, descuidada parcial o totalmente destruida. Por el atentado, hay una segunda causa en trámite, en la que los ex secretarios de Galeano, Javier De Gamas, Susana Spina y Carlos Velasco, fueron procesados por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La Cámara Federal abrió las puertas a ampliar esa acusación incluyendo las figuras de «encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato». Esa situación procesal también permanece irresuelta.