AVANCE HACIA LA DEMOCRACIA EN COMUNICACIÓN
INTERNET, TELEFONÍA y TV por CABLE PASAN A SER SERVICIOS PÚBLICO
COMUNICADORES DE LA ARGENTINA (COMUNA) celebra la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar servicios públicos a la provisión de la conexión a internet, la telefonía móvil y la televisión por cable, por entender que es un avance hacia el acceso a derechos esenciales para la población.
La determinación gubernamental restituye la potestad del Estado para intervenir en este sector, uno de los más lucrativos del mundo y del país, con las empresas que explotan estos negocios acostumbradas a atropellar a ciudadanas y ciudadanos inermes, sometidos a toda clase de arbitrariedades, abusos e incumplimientos.
El Estado recupera así un espacio de acción que la gestión de Mauricio Macri había derogado, cuando modificó la norma respectiva por decreto, como lo hizo también en el caso de los servicios audiovisuales, sobre la base de un esquema de poder que antepuso siempre las ganancias corporativas a los intereses y necesidades elementales de las y los argentinos.
La declaración de servicio público es entonces una herramienta para emprender un camino en el que los derechos generales no sean arrasados por los privilegios de las minorías, como los de las empresas nacionales e internacionales que explotan el negocio de internet, la telefonía móvil y la TV paga.
Es una medida de fondo para un campo de disputas intensas, por las ganancias fabulosas que están en juego y que hacen que las corporaciones que se benefician con ellas manejen a placer los mensajes informativos y de opinión respecto de este campo, como se observa inmediatamente en la posición que adoptaron los medios convencionales argentinos apenas el Presidente anunció su decisión.
También es llamativa la interpretación según la cual la resolución debe entenderse o circunscribirse al contexto de crisis por la pandemia, lo que parece llevar un intento para que, terminada la emergencia, el sector vuelva al estatus anterior, es decir con las empresas manejando el sector a gusto y, con ello, atropellando los derechos e ignorando las necesidades de la población. Esto último no es una mera abstracción: bastan para comprobarlo los padecimientos indecibles que cualquier usuario y usuaria de internet, TV paga y telefonía debe atravesar ante los cortes sucesivos de los servicios, los abusos tarifarios y la no atención a sus reclamos, ignorados cada día en miles y miles de casos.
Las primeras reacciones son también demostrativas del sentido de la decisión gubernamental: los empresarios del sector, fieles a un estilo que roza modos mafiosos, pronosticaron dificultades en la calidad y estabilidad de los servicios, como si ahora no las tuvieron, porque el congelamiento de tarifas llevará -dicen- a la “desinversión”.
En medio de este embate corporativo, es necesario analizar la situación de prestadores medianos y pequeños, como las cooperativas, para que el respeto a estas disposiciones no derive en dificultades operativas y de cumplimiento de obligaciones con sus trabajadores y trabajadoras.
Políticos opositores que son aliados de las corporaciones, o que llevan años a su servicio, combatiendo toda iniciativa a favor de la comunicación democrática, se alinearon inmediatamente en el rechazo a esta política. Esta reacción compacta es indicativa de las ganancias multimillonarias en juego y preanuncia que la disputa se mantendrá en el tiempo, lo que exigirá un compromiso prolongado de quienes tienen interés en defender los derechos de la población y en que la Argentina recupere estándares democráticos respecto de los servicios esenciales.
Buenos Aires, 22 de agosto de 2020
