Milei estafa, avasalla la división de poderes, interviene la Corte Suprema de Justicia, discrimina…y ahora se quiere llevar puesto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires…Autoritarismo para implementar el fascismo de la mano de sus cómplices
PODRÍAMOS AGREGAR EL ROBO A JUBILADAS Y JUBILADOS (SUELDOS, REMEDIOS, PRESTACIONES…), SUMISIÓN Y COMPLICIDAD CON LOS PLANES ECONÓMICOS DEL FMI, RECORTES A LAS UNIVERSIDADES A LA EDUCACIÓN Y A LA SALUD, AVASALLAMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES, ATAQUE A LAS MUJERES Y DISIDENCIAS, AVANZA CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA, LA REIVINDICACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO, EL ATAQUE AL BOLSILLO DE LA POBLACIÓN: TARIFAZOS (TRANSPORTE, ENERGÍA…) PRECIOS QUE AUMENTAN Y SALARIOS QUE NO. REPRESIÓN A LA PROTESTA, AL RECLAMO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AMBIENTALISTAS. SEGURO QUEDAN HECHOS POR MENCIONAR.
LO QUE SI DEBEMOS AGREGAR ES LA COMPLICIDAD CON LA GESTIÓN DE MILEI, EMPRESARIOS Y BANCA INTERNACIONAL, NO SOLO DE LOS GRANDES MEDIOS DE (IN) COMUNICACIÓN, TAMBIÉN LA DIRIGENCIA POLÍTICA PARTIDARIA (OPOSITORA??) Y LA CONDUCCIÓN DE LA CGT. PARA FINALIZAR LOS «ENSOBRADOS»: A SABER LOS MAL LLAMADOS «PERIODISTAS», GOBERNADORES, LEGISLADORAS Y LEGISLADORES. JUECES Y FISCALES FEDERALES Y PROVINCIALES.
REPUDIOS A LA DISCRIMINACIÓN CONTRA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Desde la Facultad de Ciencias Humanas (FCH UNSL), conjuntamente con el Departamento de Educación y Formación Docente y la comisión de carreras de Educación Especial, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la Resolución nro. 187/2025 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que es claramente regresiva en materia de derechos. Esta resolución retoma terminología y enfoques propios de paradigmas superados, basados en el déficit, la crueldad y la segregación, que remiten a concepciones del siglo pasado. Nos negamos a repetir palabras y hechos, que tanto dolor han causado a lo largo de la historia, e instamos a que no se reinstalen en nuestro lenguaje, ni en nuestras representaciones colectivas, ni mucho menos echen por tierra los avances conquistados por la sociedad en la defensa inclaudicable de los derechos de las personas con discapacidad. Esto no es un mero error administrativo o un descuido circunstancial. Se trata de un posicionamiento deliberado que desvaloriza, menosprecia, vulnera y desconoce la dignidad inherente de las personas en situación de discapacidad. Resulta irreparable, ridículo e inexplicable que esta resolución la haya emitido precisamente la Agencia Nacional de Discapacidad, esto implica un retroceso inadmisible. Si bien el gobierno nacional ha anunciado que retirará el documento, exigimos a las autoridades responsables una retractación formal, acompañada de una reivindicación clara y explícita de la discapacidad como una construcción social, para que el daño causado no se perpetúe y para que las políticas públicas reflejen el compromiso real con la dignidad y los derechos de todas las personas. Hoy más que nunca, la FCH, como institución de nivel superior que forma profesionales comprometidos con los derechos humanos, permanecerá alerta frente a todos y cada uno de los atropellos que está cometiendo este gobierno nacional, y que vulnera el Estado de Derecho.
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Rechazo a la Normativa Discriminatoria en Evaluaciones de Discapacidad
100% Diversidad y Derechos y Feministas sin Fronteras expresamos nuestro profundo rechazo a la reciente normativa emitida por el gobierno argentino que autoriza el uso de términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» en las evaluaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta medida representa un grave retroceso en términos de dignidad y derechos humanos para las personas con discapacidad, reforzando estigmas históricos y perpetuando la discriminación institucional. Esta decisión contradice los compromisos asumidos por Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve el respeto por la dignidad y el uso de terminología inclusiva. La reintroducción de categorías peyorativas revive clasificaciones médicas obsoletas que han sido descartadas en las versiones más recientes de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Además, contradice la legislación nacional que impulsa una mirada inclusiva y respetuosa hacia la diversidad humana.
El uso de estos términos evidencia un enfoque basado en el modelo médico de la discapacidad, que concibe a la persona como «defectuosa» y centrada en sus limitaciones individuales. Esto contrasta con el modelo social de la discapacidad, que entiende las barreras sociales y culturales como los verdaderos obstáculos para la inclusión. Al perpetuar una visión despectiva y estigmatizante, el Estado refuerza la exclusión en lugar de promover políticas que eliminen barreras y fomenten la plena participación social.
Esta medida se inscribe en un contexto más amplio de retrocesos en derechos humanos. En el último año, se han flexibilizado normativas laborales que afectan a personas con discapacidad y se ha reducido el presupuesto destinado a programas de inclusión social. Estos cambios no son hechos aislados, sino parte de una agenda regresiva que atenta contra los derechos adquiridos de los sectores más vulnerados.
Exigimos la inmediata derogación de esta normativa y el compromiso con políticas inclusivas que respeten la dignidad y diversidad de las personas con discapacidad. Instamos a la sociedad civil, organismos internacionales y entidades defensoras de derechos humanos a exigir el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Greta Pena.
Directora.
100% Diversidad y Derechos
Marita Perceval. Presidenta Feministas sin Fronteras
