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Ante la delicada y gravísima situación que vive el pueblo de Jujuy reprimido salvajemente por el gobierno de Gerardo Morales al movilizarse por sus legítimos derechos y contra una reforma constitucional que violenta los principios de la Constitución Nacional, los organismos de derechos humanos abajo firmantes nos dirigimos al Sr. Presidente la Nación, Alberto Fernández, y decimos:

Que la reforma de la Constitución provincial ha sido un proceso plagado de irregularidades, sin consulta a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a las comunidades de los pueblos originarios, y con un contenido que ignora los tratados internacionales firmados por nuestro país, tanto los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre movilización pacífica y derechos de las comunidades, como el Acuerdo de Escazú que obliga a la consulta ante cualquier reforma que pueda tener impacto ambiental.

Que la respuesta represiva del Gobierno de Gerardo Morales es casi criminal con cientos de heridos algunos muy graves, decenas de detenidos, algunos de ellos personas enfermas o con discapacidades, utilización de móviles sin identificación, allanamientos a domicilios sin orden judicial, violación del principio de legítima defensa negándole información a los abogados acerca del paradero de los eventuales detenidos. Varios manifestantes han perdido uno de sus ojos por las balas recibidas.

Que todo esto ha sido denunciado por los organismos de derechos humanos nacionales, pero también internacionales, dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha expedido al respecto.

Por todo ello consideramos que debe existir una RESPUESTA POLÍTICA INSTITUCIONAL desde la Presidencia de la Nación. El presidente debe tomar las medidas necesarias para INTERVENIR LA PROVINCIA DE JUJUY de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitucional Nacional y, junto a su gabinete, comunicar dicha decisión por cadena pública nacional.

La situación de emergencia y de violación de los principios republicanos por parte del gobierno en Jujuy está claramente expuesta. Corresponde al Gobierno Nacional reaccionar con la debida firmeza para evitar que se profundice está tragedia del pueblo jujeño y de toda nuestra sociedad.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza

Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz

H.I.J.O.S. Capital

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina

JUJUY REPUDIO A LA REPRESIÓN Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MOVILIZADO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) reitera su pronunciamiento -realizado junto a su Regional en la provincia de Jujuy- y numerosas organizaciones sociales y políticas, de repudio a la Reforma Constitucional de la provincia de Jujuy, por considerarla un fortísimo retroceso en materia de derechos humanos debido a la restricción del derecho a la protesta social, a la participación y a la movilización pacífica, como así también en razón de profundizar el carácter autoritario de la representación política.

Este repudio ha sido generalizado en todo Jujuy y frente al mismo el gobierno de Gerardo Morales ha ordenado una brutal represión que violenta todos los principios constitucionales y las garantías emanadas de nuestra legislación vigente. Decenas de detenidos, incertidumbre por el paradero de al menos dos manifestantes denunciados como desaparecidos, heridos graves y leves, constituyen hasta el momento el saldo del accionar estatal en la provincia.

Eduardo Tavani, Presidente de APDH, junto a otras organizaciones de derechos humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se encuentra en Jujuy con el propósito de llevar acompañamiento y solidaridad a las víctimas y de exigir el inmediato cese de toda represión.

Desde APDH señalamos que el gobierno de Gerardo Morales inició esta política autoritaria y antidemocrática con la persecución a la Agrupación Tupac Amaru y el encarcelamiento de Milagro Sala, para quien seguimos reclamando el indulto presidencial. Las imágenes terribles de la represión sufrida en Purmamarca y Humahuaca es el sello político de una gestión que en forma permanente ha violentado el Estado de Derecho.

Desde APDH redoblamos la solidaridad con les docentes en huelga y con todas y todos quienes se movilizan para lograr la derogación de la oprobiosa reforma constitucional al tiempo que exigimos poner fin a la represión estatal, disponer la inmediata libertad de las y los presos políticos, y la conformación de una mesa interinstitucional destinada a lograr la derogación de la reforma constitucional.

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