Ilegal DNU de Milei para modificar el aparato de inteligencia y espionaje estatal, hay que movilizar para que el Congreso lo anule

MASIVO REPUDIO A UN DECRETO QUE AVASALLA DERECHOS CONSTITUCIONALES

Mientras la oposición se activó en el Congreso para intentar rechazar el DNU 941 –como sucedió con el 656/2024, que dotaba a la SIDE de 100 mil millones de pesos para ser usados como fondos reservados–, organismos de derechos humanos y constitucionalistas –desde distintos sectores del espectro político– hicieron saber su preocupación.

Dirigentes del Frente de Izquierda alertan que el DNU 941/25 de Javier Milei busca instaurar un Estado policial. Ante esto, llaman a movilizarse para anular el decreto

Daniel Sabsay consideró que no había ni necesidad ni urgencia para modificar el sistema de inteligencia y calificó como una “aberración” la posibilidad de que un funcionario de la SIDE pueda detener personas. “Espero que la Justicia lo declare inconstitucional”, escribió.

Roberto Gargarella, por su parte, publicó en X: “Me había aguantado de decirlo, pero ya es descriptivo: gobierno fascista, enemigo de la democracia y la Constitución”. Andrés Gil Domínguez fue otro de los juristas que se manifestó: “El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrática e iliberal del gobierno de Javier Milei, sino también el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras cosas, sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”.

La Asociación Argentina de Juristas (AAJ) consideró que el DNU es inconstitucional y que daría pie a un “Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que impugnó judicialmente el DNU 614/2024, advirtió que este nuevo decreto podría favorecer el espionaje político. “El Gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es, en verdad, una reforma estructural del aparato de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podría detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”, afirmaron desde el organismo de derechos humanos fundado en 1979.

La SIDE pasará de tener una orientación hacia la seguridad nacional a ser un organismo enfocado en la contrainteligencia, que básicamente centra sus esfuerzos en las supuestas amenazas o riesgos. Según el CELS, con este nuevo enfoque la lógica del enemigo interno vuelve a estar presente en el sistema de inteligencia argentino.

El DNU obliga a distintas instituciones estatales a adoptar medidas de contrainteligencia –por ejemplo, ante la fuga de información–, lo que terminará convirtiéndolas en terminales de inteligencia. A través de dos comunidades, la SIDE adopta un rol central para el manejo y acceso a la información. Según el CELS, a partir de esta reforma todas las dependencias de la administración pública están obligadas a brindar información a la SIDE.

Uno de los puntos que objetan desde el organismo es que el Gobierno declara que todas las actividades del sistema de inteligencia nacional –lo que va más allá de la SIDE– pasan a ser “encubiertas”, lo que implicaría un régimen de secreto. Para el CELS, esto favorece el encubrimiento al momento del uso de los fondos reservados –que, como quedó acreditado judicialmente, se usaron para desviar la investigación del atentado contra la AMIA–.

Alertan sobre la vuelta del enemigo interno y el involucramiento de las FFAA en tareas de seguridad interior

El DNU 941/2025, fechado el 31 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, introduce cambios de alcance en el esquema de inteligencia, consolida a la SIDE como órgano rector y vuelve a colocar en el centro del Estado un dispositivo históricamente asociado al secreto, la opacidad y las operaciones.

El núcleo político es este: fortalecer un Estado policial ante la dificultad de construir consentimiento. Un Estado policial supone desconfianza estructural hacia la sociedad y búsqueda de obediencia por vías extraordinarias. Cuando un gobierno amplía el carácter encubierto de la Inteligencia, habilita aprehensiones desde el secreto y blinda el dinero opaco, está diciendo algo más profundo que cualquier discurso: no espera atravesar el conflicto por consenso. Y se prepara para administrarlo con los mecanismos más descompuestos del aparato estatal.

El texto avanza en una dirección clara y sostiene tres movimientos que, combinados, alteran el equilibrio existente. Por un lado, amplía la zona de sombra al incorporar que las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”. Esa formulación tiende a convertir la opacidad en principio general y, en términos prácticos, dificulta aún más el ya escaso control real sobre lo que se hace, con qué criterios y sobre quiénes.

Por otro lado, introduce una novedad de enorme trascendencia: habilita a que personal de inteligencia aprehenda personas en determinadas situaciones y luego dé intervención a fuerzas policiales y de seguridad. En los hechos, incorpora una capacidad policial para un organismo que funciona bajo secreto y discrecionalidad. Y, como tercer pilar, refuerza una vieja columna de la autonomía política de los servicios: la centralización del circuito presupuestario y la administración de gastos reservados, ese territorio donde el dinero pierde trazabilidad y la rendición de cuentas no existe.

En paralelo, el decreto también expande la gravitación del sistema hacia terrenos decisivos para la gobernabilidad contemporánea: capacidades de espionaje cibernético, gestión criptográfica, intercambio de información entre organismos y asesoramiento en comunicación estratégica del Estado. Ese cruce (entre inteligencia, agenda pública y construcción de “amenazas”) siempre es delicado, porque puede derivar en excepcionalidades que se presentan como necesidades técnicas. Leído en conjunto, el avance hacia un Estado más policial y hacia una lógica de policía secreta resulta difícil de negar.

Interpretar esto como una provocación más de fin de año, de las típicas a las que el mileísmo acostumbra, sería equivocarse de plano. La clave es otra: el decreto opera como instrumento preventivo. Un poder que logra dirigir socialmente por consenso no empieza el año reforzando la zona semiclandestina del Estado. Cuando una conducción política no alcanza una ascendencia estable, tiende a compensar esa carencia con coerción: dispositivos de control, administración por decreto y fortalecimiento de un “criptoestado” que actúa con reglas propias.

Nada de esto puede entenderse sin mirar la historia de la SIDE como aparato persistente en la Argentina. No estamos frente a una agencia neutral a la que se la “moderniza”: estamos frente a un dispositivo que atravesó regímenes y coyunturas como herramienta de disciplinamiento, espionaje interno, operaciones y construcción de poder. Las estructuras modernas de inteligencia se consolidaron en la posguerra y se reorganizaron a mediados del siglo XX; luego se articularon con doctrinas de seguridad interior y con la idea del “enemigo interno”, que marcó a fuego la lógica de los servicios. Durante la dictadura, ese entramado se integró a un sistema de terrorismo de Estado donde la inteligencia fue pieza de coordinación y persecución; y en democracia, aun con cambios formales, los servicios continuaron como poder real, con escándalos recurrentes, internas y operaciones que atravesaron gobiernos de distinto signo.