Un fallo para el lado de los jubilados

La Justicia Federal en Mendoza impuso al Pami una multa de más de 2,5 millones de pesos, debido a que sus autoridades incumplieron una orden judicial que restableció la cobertura de medicamentos que Milei le quitó jubilados y pensionados. A partir de hoy, los funcionarios libertarios en falta serán responsables de una sanción de 300 mil pesos más, por día de desobediencia, y sus inconductas podrán ser castigada por jueces penales. Luchar sirve: las y los adultos mayores mendocinos llevan más de un año protestando -todos los miércoles- en la plaza Gral. San Martín de Capital, donde surgió el reclamo judicial que ayer fue reconocido nuevamente por la Justicia y que restituye la cobertura de remedios del programa Vivir Mejor.

Por Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza resolvió este lunes, por un lado, imponer al Pami una multa de 100 mil pesos diarios desde el 31 de enero a la fecha, por incumplimiento de la orden judicial que restituyó la cobertura de medicamentos para los beneficiarios del programa Vivir Mejor; por el otro, elevó la sanción a 300 mil pesos más por día, desde ahora hasta que ese organismo nacional acredite el cese de la desobediencia; y, finalmente, dispuso el envío de estas novedades al fuero penal para determinar qué castigos merecen los libertarios irresponsables.

Esta resolución ejemplar es el resultado de un proceso que inició la Asociación de Jubilados y Pensionados (JubyPen), que a fines del año pasado presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar para que el gobierno de Javier Milei diera marcha atrás con el capítulo del plan motosierra que, en agosto de 2024, dejó a millones de jubiladas/os y pensionadas/os argentinos sin la cobertura al 100% de medicamentos que aseguraba el Pami.

El Juzgado Federal N° 2 hizo lugar al pedido de JubyPen y, a fines de diciembre de 2024, dispuso la suspensión en Mendoza de los efectos de la resolución que restringía el acceso a los remedios.

Sin embargo, el delegado mendocino de la obra social, el libertario David Litvinchuk, se negó a cumplir con la orden judicial, lo que generó, a pedido de los damnificados, que el juez Pablo Quirós intimara, tanto a Litvinchuk como al director Ejecutivo del Pami, Esteban Leguizamón, para que en el término de 48 horas “acrediten en forma fehaciente haber dado cumplimiento a la orden impartida por este Tribunal en fecha 26 de diciembre de 2024”.

El magistrado emplazó, además, a los funcionarios del Pami para que notifiquen a los afiliados, en los medios de comunicación digitales de circulación masiva, sobre la medida judicial que reestableció la cobertura de medicamentos, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias progresivas de 100 mil pesos por cada día de incumplimiento.

En este contexto, la semana pasada se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales Federales de Mendoza, a la que fueron citados las autoridades del Pami y los representantes de JubyPen. El juez Quiroz abrió esta instancia para escuchar a las partes en forma personal, acerca de cuáles fueron las razones que generaron que el conflicto persistiera.

al como reseñó EL OTRO, Litvinchuk no quiso, no supo o no pudo explicar siquiera las características ni los alcances del programa Vivir Mejor. Tampoco Pami argumentó, pese a las repreguntas del juez, por qué la obra social sigue exigiendo a los jubilados trámites burocráticos, como la declaración jurada de pobreza que antes era innecesaria, lo que, en definitiva, priva a los afiliados del ejercicio del derecho a la salud.

Finalmente, conforme a la resolución judicial de este lunes, “resulta evidente que la demandada (por el Pami) no ha dado fiel cumplimiento con lo dispuesto por el tribunal” y, por lo tanto, el Juzgado hizo efectivo el apercibimiento de la multa de 100 mil pesos diarios, por lo ya incumplido, y aumentó el monto de la sanción por día, en caso de que persista la conducta desobediente de las autoridades del organismo.

“Según determinó el juez, el Pami de Mendoza debe devolver cuanto antes la gratuidad de los remedios incluidos en el vademécum”, sostuvo ayer la abogada Marisa Uceda, quien junto a Carlos Blanco representa a JubyPen. “El Pami ya acumula una multa superior a los 2,5 millones de pesos y se elevó la sanción: por cada día que pase en falta con los jubilados se sumarán 300 mil pesos más. Además las autoridades enfrentan un proceso penal por el incumplimiento”, precisó la letrada.

Por ahora, se hace justicia. Y no es poco en estos tiempos.

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