Repudian a la Diputada Nacional poggista Mónica Becerra
La Asociación de Docentes Universitarios (ADU) de San Luis, repudia
enérgicamente la visita de la diputada nacional Mónica Becerra, a la
Escuela Normal Juan Pascual Pringles, así como el rol activo del rector
Néstor Castro, como intermediario para facilitar esta actividad en un
contexto de extrema sensibilidad para la educación pública. La visita de
la diputada, que recorrió las instalaciones de la institución junto a su
comitiva y al Rector de la ENJPP, generó profunda preocupación en la
comunidad docente, ya que no fue anunciada públicamente y se desconoce
el objeto de la misma.
Consideramos que abrir las puertas de la ENJPP a una representante
que públicamente declaró que «se considera un instrumento del Presidente
en el Congreso», al asumir, durante el tratamiento del presupuesto 2026
votó en contra del financiamiento universitario y discapacidad, y luego
apoyó la reforma laboral, entre otras, son acciones inadmisibles.
La diputada es parte del gobierno que está violando las normas
básicas de la convivencia democrática, al incumplir con la
implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27795),
una norma sancionada y promulgada posteriormente gracias al rechazo del
veto en ambas Cámaras. Sin embargo, el gobierno y sus referentes en el
congreso, pretenden derogarla, sin haberla aplicado, y reemplazarla por
una nueva ley que otorgaría una actualización totalmente insuficiente y
en cuotas. En este sentido, el accionar legislativo de los
representantes oficialistas constituyen una afrenta contundente, no sólo
contra la universidad, sino que acompañan todas las iniciativas del
presidente, buscando imponer un ajuste y una política que representa un
retroceso a principios del siglo pasado, desfinanciando la educación y
desconociendo los derechos laborales de las y los trabajadores.
Frente a esto, nuestro posicionamiento es claro. Apoyamos y
defendemos con firmeza la Ley 27795 porque contempla los elementos
necesarios para el sostenimiento de la educación preuniversitaria y
universitaria. Rechazamos, en cambio, el nuevo proyecto que intenta
imponer el gobierno nacional, que no es más que un parche que lejos de
solucionar el problema, lo agrava. En materia salarial, una oferta del
12,3% en tres cuotas no compensa la pérdida real de nuestro poder
adquisitivo. Y en cuanto a la asignación presupuestaria, se han
destinado a las universidades apenas 4,5 billones de pesos de los 8
billones que se necesitan para su funcionamiento pleno.
Resulta contradictorio y preocupante que las autoridades de la ENJPP
promuevan actividades institucionales con representantes que avalan el
desmantelamiento de la educación pública. Más aún, cuando la visita de
la diputada, se realiza a pocos días de iniciar una semana de paro y
medidas de fuerza llevadas adelante por el sector docente en defensa de
nuestros derechos y de la educación pública.
En este contexto, su presencia no puede ser vista por la comunidad
más que como una provocación, una falta absoluta de sensibilidad y una
toma de posición política que no nos representa.
Entendemos que la escuela debe ser un espacio de formación crítica,
de participación democrática y de defensa del derecho social a la
educación. Por ello, expresamos públicamente nuestro repudio y
preocupación ante hechos que consideramos contradictorios con la defensa
y el fortalecimiento del sistema educativo.
Desde ADU sostenemos que la neutralidad no es una opción cuando está
en juego el futuro de la educación pública argentina.
Reafirmamos el compromiso con la educación pública, gratuita y de
calidad, y con la defensa de los derechos de docentes y toda la
comunidad educativa.
