Baja de Edad de Imputabilidad Demagogia Punitivista para la Campaña
El proyecto para reformar el régimen penal juvenil obtuvo dictamen de «consenso» entre los diputados de LLA, el PRO y la UCR. La Rosada quiere llevarlo al recinto de la Cámara baja ante de fin de mes. Rechazo de UxP y el FIT, en sintonía con organismos de Derechos Humanos, el Comité Nacional contra la Tortura y la Iglesia Católica.
LA APDH EN CONTRA DE LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudia el dictamen firmado por las y los diputados nacionales pertenecientes a los partidos del oficialismo, mileistas y aliados, por el cual se baja la edad de punibilidad de los jóvenes a 14 años de edad.
Contraviniendo las opiniones de los expertos y expertas que desfilaron por el Plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados, desoyendo las voces críticas de las Iglesias, los organismos de derechos humanos, de Magistrados, Defensores Nacionales de la Niñez, del Ministerio Público de la Defensa, y de todo el espectro especializado en estas temáticas, las y los legisladores avanzaron anteponiendo una lógica demagógica y punitivista a un análisis serio y científico de la conflictividad adolescente.
El sistema penal no es el camino adecuado para la resocialización de los y las adolescentes infractores a la ley penal y los lugares de detención son espacios que no brindan nuevas oportunidades para el desarrollo autónomo e inclusivo de las y los pibes.
Se agrega a ello que en nuestro país las estadísticas confirman que es mínima la incidencia de las y los jóvenes en la criminalidad, lo que pone de manifiesto lo demagógico del proyecto oficial.
El dictamen votado, además, violenta principios de las Naciones Unidas y del Comité de los Derechos del Niño que alientan mantener un estándar elevado de edad en materia de punibilidad.
Por lo expuesto, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), junto a los organismos de derechos humanos y las organizaciones de infancia y adolescencia, continuaremos bregando para que este proyecto regresivo no se convierta en ley.
EN SAN LUIS EN SEPTIEMBRE DEL 2024 LA LEGISLATURA PROVINCIAL APROBÓ EL PRESUPUESTO 2025 QUE INCLUIA EL PROYECTO DE CONSTRUIR UNA CÁRCEL PARA MENORES. EL GOBERNADOR CLAUDIO POGGI, AL ESTILO BULLRICH, PROPONE ATENDER EL CONFLICTO DE MENORES QUE DELINQUEN, CON MÁS PUNITIVISMO. DISTINTOS SECTORES EXPRESARON SU OPOSICIÓN.
MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY (*)
De manera recurrente se instala en el país la discusión acerca de la necesidad de disminuir la edad de imputabilidad de los “menores” que hayan cometido infracciones a la ley penal. Este es uno de esos momentos, a partir de la presentación de un proyecto elaborado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya titular Patricia Bullrich, con el apoyo del Ministro de Justicia Cuneo Libarona, aboga por considerar imputables a partir de los 14 años ya que, según su criterio, a esa edad se puede comprender la criminalidad de los actos y regular la conducta de acuerdo con esa comprensión.
En esta articulación se inscribe el proyecto presentado por el gobernador Poggi ante la Legislatura de la Provincia, respecto de la construcción de un establecimiento de reclusión para menores delincuentes, sin mayores especificaciones. Para implementar la propuesta, se necesitaran nuevas cárceles para alojar a los niños, niñas y adolescentes que queden atrapados en las nuevas redes del sistema penal juvenil.
Cabe tener en cuenta, tal como expresa UNICEF en una publicación de abril 2023, que A partir de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño (que en nuestro país tiene rango constitucional desde 1994),es necesario que el sistema de justicia penal juvenil se encuentre adaptado al principio de especialidad en niñas, niños y adolescentes, se garantice a ellos y ellas el debido proceso, su participación en dichas causas y que la privación de la libertad sea el último recurso.
Los dineros públicos, 1200 millones de pesos destinados a construir la cárcel, bien se podrían utilizar en garantizar las propuestas que detallamos a continuación. Lo que verdaderamente debe caracterizar al sistema penal juvenil es que la sanción debe tener una finalidad educativa y de inserción social y de restauración, por encima de lo punitivo. La medida a tomar debe propiciar el acompañamiento de la o el adolescente para que asuma la responsabilidad del hecho cometido y repare de alguna manera el daño causado, realizando actividades comunitarias o bien capacitándose en oficios o profesionalmente. Por otro lado, siguiendo con el enfoque educativo y de reinserción, sólo como medida de excepción y frente a la comisión de delitos graves, debe aplicarse una pena privativa de la libertad, siempre como último recurso.
Una justicia juvenil con enfoque de derechos debe estar centrada en niñas, niños y adolescentes como sujetos con capacidad de comprender y su reconocimiento como sujetos de derechos, con capacidad progresiva para comprender las normas que rigen en la sociedad de acuerdo a su edad y grado de madurez.
Es justamente por eso, que la justicia debe ser especializada para juzgar a las personas menores de edad, y se debe diferenciar del sistema penal para adultos; dado que su finalidad es dar protección especial y garantizar el cumplimiento de los derechos con enfoque de niñez y adolescencia.
(*) LICENCIADA MECHY LOIZO
