Febrero 1975, Isabel Perón firma el decreto del Operativo Independencia «Aniquilar la subversión» El terrorismo de Estado se inició durante un gobierno democrático y siguió con la dictadura cívico militar eclesiástica
VIDELA ISABEL MASSERA
La intervención del Ejército, fue autorizada en el decreto secreto firmado por María Estela Martínez de Perón el 5 de febrero. El decreto 261/75 señala que era tarea del Ejército “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos”.
No fue una “guerra”, fue genocidio
Esta decisión marcó un antes y un después en la historia argentina: fue el primer gran operativo militar de represión interna en democracia, y el ensayo general de los métodos genocidas que se extenderían a todo el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976.
El 5 de febrero de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita) firmó el decreto 261/75, conocido como “decreto S” por su carácter secreto, que ordenó al Ejército argentino “aniquilar el accionar de elementos subversivos” en la provincia de Tucumán. El accionar represivo del Ejército adquirió un carácter nacional mediante el decreto 2.772/75, firmado por el presidente del Senado Italo Luder, a cargo del ejecutivo, por licencia de Isabel. Dicho decreto incluye el accionar de todas las FFAA.
El contexto: crisis, movilización obrera y giro represivo
El gobierno de Isabel Perón atravesaba una profunda crisis social y económica, con huelgas y movilización obrera en ascenso, especialmente en el norte del país. Tucumán, con su poderosa clase obrera azucarera y una tradición de luchas, era un foco de resistencia. A fines de 1974, la provincia había vivido una de las huelgas más importantes de su historia, impulsada por más de 300 delegados de ingenios azucareros, que enfrentaban tanto a la patronal como al propio gobierno peronista y a la burocracia sindical.
En este clima, Isabel Perón y su gabinete, con el apoyo de la burocracia sindical, la burguesía y la oposición radical, optaron por profundizar la represión. Ya en noviembre de 1974, Isabel había decretado el estado de sitio en todo el país, prohibiendo actividades políticas y habilitando detenciones sin juicio. El decreto del 5 de febrero de 1975 fue un salto cualitativo: por primera vez, el Ejército fue puesto a cargo de la “seguridad interna”, con la orden explícita de “aniquilar” a la subversión, un término militar que significaba exterminio físico del enemigo.
¿Qué fue el Operativo Independencia?
El Operativo Independencia fue una ocupación militar de Tucumán, inicialmente bajo el mando del general Acdel Vilas y luego de Antonio Domingo Bussi. Se desplegaron unos 5.000 efectivos para combatir a la guerrilla del ERP, que no superaba los 150 combatientes. Sin embargo, la represión se extendió rápidamente a la población civil, especialmente a trabajadores, estudiantes y militantes sociales. Se instalaron los primeros centros clandestinos de detención, como “La Escuelita” de Famaillá, donde pasaron entre 1.500 y 2.000 detenidos. El saldo: cientos de desaparecidos, asesinatos, torturas y el inicio del terrorismo de Estado en democracia.
Un operativo contra la clase obrera
Aunque el discurso oficial justificaba el operativo como una respuesta a la guerrilla rural, los hechos demuestran que el objetivo central fue disciplinar y derrotar a la clase obrera tucumana y a su vanguardia. Más de 200 delegados azucareros fueron víctimas directas de la represión. El terror se extendió a barrios obreros, escuelas y universidades. El Operativo Independencia fue apoyado y financiado por los grandes empresarios del azúcar y del ingenio Ledesma, y contó con la bendición de la Iglesia Católica y el aval de la oposición política, en particular de la UCR y su líder Ricardo Balbín.
La antesala del genocidio
El Operativo Independencia fue el laboratorio de la represión ilegal y clandestina que luego se extendería a todo el país con el golpe de Estado de 1976. Allí se perfeccionaron los métodos de secuestro, tortura, desaparición forzada y exterminio.
Impunidad y responsabilidades políticas
A pesar de la magnitud de los crímenes, los responsables políticos del Operativo Independencia, comenzando por Isabel Perón, nunca fueron juzgados. La complicidad del bipartidismo (PJ y UCR), la Iglesia y el empresariado fue clave para garantizar la impunidad. El Operativo Independencia es una muestra contundente de cómo el régimen peronista, lejos de defender a los trabajadores, fue capaz de entregar el país a la represión y sentar las bases del genocidio que vendría.
