DEMOCRACIA ES DEBATIR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN
COMUNA REPUDIA LA OFENSIVA POLÍTICA, MEDIÁTICA Y JUDICIAL CONTRA LA DEFENSORÍA Y PERIODISTAS
Comunicadores de la Argentina (COMUNA) repudia la manipulación del principio de libertad de expresión y la andanada de acciones coordinadas entre opositores políticos, mediáticos y judiciales contra la Defensoría del Público, sus autoridades y sus trabajadores/as, lanzada con el único propósito de impedir el imprescindible debate público sobre la circulación de información falsa, el aliento a la violencia y la discriminación y los discursos de odio.
Esta reacción concertada tiene varias etapas y capítulos. Evidencia como elemento saliente una singular paradoja, cual es ubicar a las empresas privadas que emiten informaciones y opiniones como actores privilegiados, cuyas acciones no ameritan discusión, debate, análisis y respuestas. Representantes de la oposición radicalizada, en concierto con grupos de medios convencionales y cámaras empresarias conocidas por sus alianzas espurias con regímenes dictatoriales, como ADEPA y la SIP, se sirvieron también de un fiscal procesado para ampliar estas acciones hostiles.
Otra paradoja descomunal está dada en que los mismos sectores que dicen reivindicar la “libertad de expresión” denunciaron a periodistas por informes acerca de las acusaciones de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.
La comunicación en todos sus formatos y ambientes es una actividad omnipresente en las sociedades contemporáneas, mucho antes de la pandemia. Esas sociedades discuten esta situación en ámbitos públicos y privados, en foros, entidades públicas y universidades, sindicatos y organizaciones culturales.
Los Estados, con administraciones de las orientaciones más diversas, adoptan regulaciones, crean consejos y comisiones, al ser la comunicación un asunto de interés público. Muchos organizan o apoyan ámbitos de debate y elaboración para una actividad de amplia incidencia en la vida de los pueblos.
La iniciativa preanunciada por la Defensoría del Público, sobre un grupo de trabajo abocado a esta necesidad, es una más entre tantas en el mundo, en ámbitos públicos y privados.
Las empresas más grandes del sector, que combaten al Gobierno Nacional desde el primer día, lanzaron a sus comunicadores y comunicadoras contra esta iniciativa, algunos de ellos con las mismas palabras e ideas de dirigentes opositores. Así, uno de sus locutores y un legislador ultraderechista hicieron equiparaciones con el nazismo.
La noticia de un debate de tono académico hecho el viernes 9 de octubre por la Defensoría fue presentado 72 horas después (en las prácticas del oficio informativo, una noticia vieja y por lo tanto inservible) en las tapas de Clarín y La Nación, en ediciones en las que a la vez organizaban los actos de protesta previstos para ese día.
El jueves 15 Stornelli, fiscal procesado y quien durante meses eludió obligaciones judiciales, pide la indagatoria de la Defensora, Miriam Lewin, al tiempo que La Nación continuó operaciones con una nota que lleva firma de Silvana Giudici, exponente del PRO que fue mandamás del ENACOM, entidad que el gobierno de Macri impuso por decreto, vulnerando la Ley 26522.
Las desopilantes alegaciones de Stornelli dicen basarse en la Constitución para en verdad negarla: quiere prohibir un debate imprescindible para la sociedad, en la que el Estado asuma responsabilidades específicas, lo cual es una obligación porque la comunicación no es propiedad privada de un puñado de empresarios y sus propaladores, sino una propiedad social compartida.
El dispositivo de poder que emprendió estas acciones actuó simultáneamente contra periodistas que no responden a sus intereses. En efecto, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid denunciaron a los periodistas Ari Lijalad, Franco Mizrahi y Roberto Navarro, así como a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, bajo el cargo de revelar “secretos de Estado”.
La virulencia que se expresa en clamar por la “libertad” y la “República” y a la vez llevar a la justicia a periodistas es especialmente aberrante en el caso de Wolff, quien preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y se mostró diligente con la publicación en Clarín de la dirección de la Vicepresidenta de la Nación, como contribución organizativa a las protestas del lunes 12.
Macri y una notable cantidad de ex funcionarios y colaboradores están acusados de haber usado el aparato de inteligencia del Estado para acciones ilegales de espionaje. La denuncia de Wolff y demás opositores sale al cruce de la información que se difunde sobre esos actos, es decir que es un acto contra la libertad de expresión que simultáneamente dicen defender.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2020
